Movilización viernes 24 de mayo contra el impuesto al salario y tope a las asignaciones familiares

en homenaje del viborazo

15 de marzo – a 40 años del viborazo

(En la memoria de Abel)

El viborazo - un segundo cordobazo – ocurrió el 15 de marzo de 1971 como desenlace de una huelga general de claro contenido político contra la dictadura y su intervención federal en la provincia. Ya desde enero del 70 se entonaba el estribillo callejero “Córdoba se mueve/por otro 29”. La dictadura había instalado en Córdoba a principios de 1971 un régimen tan fascista que no sólo se declaró enemigo jurado de la clase obrera y el estudiantado, sino que también se había enajenado de un amplio sector de la burguesía provincial, al que afectaba económica y políticamente. A partir del cordobazo del 29 de mayo de 1969, la clase obrera, aún sin tener una conducción política propia, toma mucha independencia y las nuevas conducciones sindicales - los gremios independientes primero y más tarde los sindicatos clasistas - ya pueden asumir la dirección del movimiento sindical local y arrastrar con ciertos límites a los sindicatos con dirigencias burocráticas. Además, la consigna de la “unidad obrero-estudiantil” que en el 66 apenas enarbolaba la todavía reducida izquierda revolucionaria, ahora es tomada por importantes sectores de la clase trabajadora y del movimiento universitario. Y eran muchos los obreros industriales, de obras públicas y servicios, eran muchos los estudiantes que había en Córdoba. De una forma no muy orgánica y sin una expresión política unificada, se produce en los hechos, una alianza obrero-popular. Se constituyó así una fuerza social que favorecía este tipo de desenlace.
Desde el cordobazo del 69, hubo numerosas experiencias y luchas, en muchas de las cuales los trabajadores tomaron la iniciativa, aún todavía en situación de resistencia a la dictadura. En 1970, los obreros de Fiat Concord y Materfer, después de intensas luchas – asambleas, paros y toma de empresa con rehenes - lograron sacarse de encima a las burocracias de los sindicatos de fábrica pro-patronales que les impusieron años atrás, tras la defección de la UOM. Eran SITRAC y SITRAM, que no fueron creados por el naciente movimiento clasista, sino que fueron recuperados por ese auge obrero.
También en 1970, se dieron las tomas simultáneas de las fábricas automotrices. Mientras la dirigencia burocrática del SMATA que con Elpidio Torres a la cabeza una vez más entregaba el conflicto, los obreros de la planta de matrices de Perdriel resistieron y fueron objeto de una violencia brutal. El jefe de Policía, el teniente coronel Romanutti tuvo que ir hasta la fábrica a intentar negociar directamente. Como de costumbre, la situación se resolvió a los gases y los tiros. Los estudiantes acompañaron con una nueva ocupación del Clínicas. Esos acontecimientos plasmaron la muerte política de Torres y fortalecieron a las agrupaciones antiburocráticas en SMATA, donde ya se destacaba la 1º de Mayo con René Salamanca a la cabeza, que en 1972 iría a ganar las elecciones de la seccional con la lista Marrón. Un proceso similar se incubaba en la automotriz Perkins, donde también se había impuesto un sindicato de fábrica pro-patronal, que también sería recuperado en el 72.
Pero en ese verano del 71, SITRAC-SITRAM apenas contaba como compañero de ruta firme al Sindicato de Obras Sanitarias. Los gremios independientes, con Luz y Fuerza y el gringo Agustín Tosco a la cabeza, conformaban un bloque por separado. No había madurado aún en esos meses, una gran unidad sindical antiburocrática. Pero las burocracias tradicionales de “las 62”, estaban divididas entre “legalistas” (Atilio López de UTA, Bagué, sucesor de Torres en SMATA) y “ortodoxos” (directamente fachos, cono el metalúrgico Simó y el taxista Labat). En este contexto, la CGT regional cedía forzadamente a las presiones de una rebelión sindical que enloquecía a las burocracias nacionales jefeadas desde Buenos Aires por Rucci, Miguel, Otero, Coria y compañía.

La dictadura instalada en 1966 había sido herida a partir del cordobazo y el rosariazo de 1969. A mediados de 1970, el general Onganía fue desplazado como presidente. El jefe del Ejército y caudillo político-militar, general Alejandro Lanusse, impuso como presidente de facto al general Roberto M. Levingston. Intentaron “cambiar algo” para no cambiar nada. Levingston puso de ministro de Economía a un tal Aldo Ferrer para que la dictadura retomase retórica “nacionalista”. En Córdoba, pusieron al “dialoguista” Bernardo Bas. Fueron fracasos políticos. Ningún cambio cosmético logró detener el auge obrero y el florecimiento de organizaciones insurgentes: FAL, Montoneros, ERP, FAR, MRA, CPL...(las FAP ya existían). La insurgencia armada organizada, tuvo un despliegue inusitado. Según un informe de la época, entre diciembre del 70 y febrero del 71, habían ocurrido acciones guerrilleras a un promedio de una por día y la mayoría de ellas tenían las características de lo que se denominaba “propaganda armada”.
A la faz represiva brutal, la dictadura añade un componente político ridículo. El nuevo interventor provincial José Camilo Uriburu, a pocos días de asumir, hace un discurso en la Sociedad Rural de Leones (la capital del trigo), donde dice que “en Córdoba anida una serpiente venenosa cuya cabeza quizás Dios me depare el destino de cortar de un solo tajo”. Estos son elementos irritativos que se añaden a último momento y que facilitan la movilización, porque llegan hasta el último rincón de la ciudad y de la provincia. Irritan tanto, que la gente que todavía es indiferente adhiere a las propuestas más decididas de lucha, se produce una masividad en el movimiento que lo torna incontrolable a la represión más brutal.
Lo de viborazo sale de ahí, de lo del “gobernador de la viborita” como lo bautizó la jodedera cordobesa. El viernes 12 de marzo hubo un paro general con tomas masivas y simultáneas en fábricas, empresas y reparticiones públicas. Hasta algunos diarios fueron tomados por sus trabajadores y periodistas. El vespertino Córdoba salió ese día lleno de solicitadas y comunicados de sindicatos y movimientos revolucionarios. Sin duda se vivía un clima de sublevación. Ese día, las manifestaciones más importantes se dan en la zona de Ferreyra, donde están las fábricas de la Fiat. La represión se cobra la vida de un joven aprendiz de metalúrgico, Cepeda. El domingo 14 una multitud marcha desde el barrio Ituzaingó en esa zona este de Córdoba varios kilómetros hasta el cementerio San Vicente, llevando el féretro del nuevo mártir obrero envuelto en la bandera del ERP.
El lunes 15, la huelga general. Las columnas obreras esta vez partieron desde la zona este (Ferreyra, donde están las Fiat Concord-Metrfer-GMD, la Perkins y aledaños), distinto que en 1969 que partieron de zona sur (Santa Isabel, donde está la IKA-Renualt). La manifestación esta vez pudo llegar a Plaza Vélez Sarsfield, casi en el centro. Pero por las diferencias políticas, los obreros de Luz y Fuerza no marcharon hacia el centro. Con Tosco a la cabeza, ocuparon la zona de usinas en Villa Revol. Los alrededores de la plaza, hacia el centro por un lado, hacia Nueva Córdoba y barrio Güemes por el otro, desbordaban. La cúspide del monumento quedó convertida en mástil cuando le fue desplegada la bandera azul y blanca partida al medio con la estrella roja de cinco puntas en el centro.
Desde la improvisada tribuna, el tuerto Florencio Díaz, secretario de SITRAM (asesinado por la dictadura en 1976) y el viejo Carlos Masera, secretario general de SITRAC, convocaron a descentralizar la movilización hacia otros barrios. Y así partió parte de la multitud hacia Güemes, Bella Vista y otros barrios que fueron ocupados y en los cuales, además entraron en acción escuadras guerrilleras.

Esa confluencia de sindicalismo clasista e insurgencia guerrillera, signo de la época que se vivía, condicionó la política de la próxima contraofensiva militar-empresarial-burocrática. Lanusse desplazó días después del viborazo a Levingston, asumió personalmente la presidencia y convocó al Gran Acuerdo Nacional para encontrarle una “salida” política y electoral a la situación. Al mismo tiempo que ponía un ministro “político” de la UCR, Arturo Mor Roig, para negociar con las cúpulas del peronismo, el radicalismo y el desarrollismo, intensificó la represión cada vez más sistematizada como terrorismo de Estado. Tosco (como ya había ocurrido después del cordobazo), el negro Gregorio Flores y muchos activistas obreros de SITRAC-SITRAM fueron a parar a la cárcel. El secuestro y desaparición de militantes políticos ya iniciado, se intensificó.
Para agosto, SITRAC-SITRAM convocaron a un plenario nacional que dio a luz una nueva plataforma antidictatorial, antipatronal y antiburocrática con muchas definiciones revolucionarios que incluso excedían el marco sindical desde donde surgían. El viejo Pedro Milesi, una gloria viviente del movimiento obrero, luchador en la Semana trágica y forjador del 17 de octubre, presente en el cordobazo, fue electo para presidir la asamblea. Un plan de lucha se inició y extendió en forma desigual por todo el territorio nacional. En septiembre se realizó un nuevo encuentro y en los balances, flotaba en el aire la próxima arremetida. Lanusse proclamó que “contra la subversión apartida las armas de la patria están en guerra” y negoció con los políticos y las burocracias la liquidación de esa semilla clasista y el jefe del 3er. Cuerpo de Ejército, general López Aufranc, arrasó con tropas y tanques las fábricas FIAT, ilegalizando a SITRAC-SITRAM, cesanteando a centenares de obreros y encarcelando más activistas.
Pero el auge no se detuvo. La dictadura fue forzada a su retirada momentánea y la restauración del régimen constitucional fue conquistada hacia 1973, con la desproscripción del peronismo. Vendrían nuevas luchas. En Córdoba, maduraría como forma superadora de frente político-sindical el Movimiento Sindical Combativo y tiempo después, la Mesa Coordinadora de Gremios en Lucha. Ya era otro momento.

La memoria del viborazo presente.

Comunicado

Comunicado

CON LA LUCHA SE LOGRO DAR UN PRIMER PASO MUY IMPORTANTE EN CONTRA DEL DESAFUERO DEL DELEGADO VÍCTOR OTTOBONI.

El Tribunal del Trabajo Nº 1 de San Isidro, el mismo que fallara por unanimidad a favor del reclamo de la empresa para despedir a nuestro delegado, se vio ahora obligado a aceptar la apelación y pasar el caso a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires para su revisión.

Este es nuevo triunfo judicial de la Seccional San Fernando del SUTNA y el Cuerpo de Delegados de Fate que ha sido posible, en primer lugar, gracias al compromiso del conjunto de los trabajadores de Fate; que entendieron la gravedad de que esta empresa, varias veces condenada en la justicia por su conducta antisindical, pudiera ahora, mediante un fallo escandaloso, contar con la posibilidad de despedir a un representante gremial.

Ahora, con la solidaridad de personalidades, numerosas internas de lucha de la Zona Norte, Capital Federal y el resto del país, la Directiva de la Cta., El Gremio, Organizaciones de Derechos Humanos, Partidos Políticos, y sobre todo: Una vez realizada una enorme campaña, con pegada de afiches, volanteadas, conferencias de prensa, una primera gran movilización a los Tribunales de San Isidro (con la importante participación de más de 70 compañeros de Fate y cientos de compañeros de otras organizaciones que se sumaron), donde los jueces empezaron a sentir que su fallo no iba a pasar desapercibido y una segunda movilización donde logramos cortar la Avenida 9 de Julio y así se ponía en conocimiento a toda la opinión pública, a través de la mayoría de los medios periodísticos, de este vergonzoso ataque, de la empresa Fate, a los derechos de los trabajadores y a su organización sindical, y se dejaba claro que desde esta Seccional y Cuerpo de Delegados no se permitirá el despido de ningún delegado sin iniciar un contundente plan de lucha, con paro total en la planta y todas las medidas que sean necesarias para proteger a la organización de los trabajadores.

Consientes que este primer paso hacia la absolución fue conseguido mediante la lucha, nuestro deber como trabajadores será continuar la lucha, con todas las herramientas que tenemos hasta lograr ahora, en la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, la absolución definitiva de nuestro compañero Víctor.

Celebramos la conciencia y participación de los trabajadores de Fate, seguros que de no ser por ello estaríamos inmersos en una situación mucho más oscura y preocupante. Esto nos fortalece y nos permite retomar con fuerzas renovadas el trabajo cotidiano de lucha y de reclamos de quienes representamos… los trabajadores.

“Si nos echan a un delegado, no solo nos quitan a un representante, nos quitan nuestros derechos”.

Seccional San Fernando del SUTNA y Cuerpo de Delegados de Fate.

A PROPOSITO DEL RECLAMO DE LOS TRABAJADORES TERCERIZADOS

DEL FERROCARRIL ROCA Y EL ASESINATO DE MARIANO FERREYRA.

1.

En octubre de 2010, trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca, con apoyo de militantes de organizaciones sociales y políticas, intentaron realizar un corte de vías en reclamo de su reconocimiento como personal de planta y encuadramiento en el convenio ferroviario.

Atacados por gente armada llevada al lugar por dirigentes de la Unión Ferroviaria, un joven militante del Partido Obrero fue cobardemente asesinado y otros militantes heridos, una de ellos de gravedad.

Este hecho ganó cierto espacio en los medios de prensa y quizás por primera vez el tema de los trabajadores tercerizados como mecanismo de precarización de derechos llegó al debate público con tanta repercusión.

No así la existencia de esos aparatos armados de algunas direcciones sindicales, la que cada tanto aparece reflejada por escaso tiempo en la prensa y sobre la cual hay por lo menos un conocimiento superficial –aunque confuso- por parte de la sociedad.

Desde algunos sectores políticos de oposición se salió prestamente a adjudicar al gobierno la responsabilidad del hecho, y desde éste se reaccionó casi con igual prontitud en afirmar su total falta de responsabilidad y –tras un primer instante de vacilación- anunciar el total apoyo a la investigación de lo sucedido y la detención y juzgamiento de los responsables, algunos de ellos importantes dirigentes de la citada organización sindical.

Otras dos acciones llevadas a cabo por el oficialismo como consecuencia directa de los hechos narrados fueron la intervención del Ministerio de Trabajo para garantizar el pase de los subcontratados del Ferrocarril Roca a planta permanente, incluyendo la reincorporación de despedidos, y la reactivación de varios proyectos legislativos sobre regulación de los derechos de los trabajadores en similar situación (de reforma del actual art. 30 de la ley de contrato de trabajo).

A su vez algunos fuertes sectores sindicales salieron a ejercer presión en un intento de fijar límites a la investigación y a la incorporación masiva de los contratados a la empresa que es titular de la concesión de este servicio ferroviario (Ugofe, en realidad una unión de empresas que recibió la adjudicación del mismo cuando fue separado por diversos incumplimientos el grupo económico dirigido por Taselli).

Otros agrupamientos gremiales (seccionales de la Unión Ferroviaria correspon-dientes a las líneas Sarmiento y Belgrano sur, Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, varios sindicatos de la CTA y de la CGT, comisiones y cuerpos de delegados de distintos establecimientos) realizaron diferentes acciones de protesta por lo ocurrido y se unieron al reclamo de investigación y condena a los culpables, y varias organizaciones sociales y políticas llevaron a cabo marchas y actos en igual sentido.

La investigación judicial, llevada en principio con bastante eficacia, permitió comprobar que el bando de los atacantes estaba integrado por algunos dirigentes de la UF, varios de ellos de importancia y con subordinación directa a su secretario general Pedraza, delegados gremiales y otros trabajadores de la línea, y varios matones identificados como “barras bravas” de distintos clubes de fútbol de la zona[1].

Hasta aquí un breve resumen de los hechos, que por supuesto no agrega nada a lo ya dicho y reiterado en los distintos medios pero que sirve de sustento a algunas reflexiones que vienen al caso.

2.

La primera cuestión sobre la que reflexionar es la relativa a la subcontratación como estrategia empresaria[2].

Más allá de la rápida respuesta del Ministerio de Trabajo, en realidad la misma es apenas sí un intento de cerrar un conflicto en particular pero en modo alguno un paso hacia la solución integral de la situación precaria de decenas de miles de trabajadores subcontratados en todo el país. Solución integral que por otra parte está fuera de las posibilidades del ámbito ministerial, aunque es innegable que desde ahí se podría aportar hacia la misma con bastante más eficacia que la expuesta hasta ahora.

Es que ya desde hace varias décadas la fragmentación empresaria viene constituyendo, a la par de las nuevas formas de gestión del trabajo y de la expulsión del régimen de protección laboral de amplios sectores trabajadores identificados falsamente como “autónomos” o “cuentapropistas”, estrategia esencial al desarrollo del capital a nivel mundial.

Por razones de competitividad interempresaria, pero también de respuesta a los fuertes reclamos de los trabajadores, en la década del setenta se extendió, im-puesto desde los sectores empresarios, un nuevo modelo de relacionamiento laboral donde deben convivir sectores trabajadores con cierta estabilidad contractual, condi-ciones de trabajo y salarios relativamente altos, con otros trabajadores absolutamente precarizados, sin estabilidad, con condiciones de trabajo deficientes y salarios bajos de mínima subsistencia[3].

Se trata de una estrategia masiva y globalizada del capital en la totalidad de las regiones y ante la cual las asociaciones sindicales (y políticas) han carecido hasta el momento de respuesta eficaz.

Esta estrategia se ha impuesto sin distinción y con similar profundidad en todos los países, desarrollados o dependientes, golpeando eficazmente en una de las debilidades históricas de los sindicatos a nivel internacional.

La política de fragmentar la situación laboral de la clase trabajadora como mecanismo de división y forma de dominación de la misma no es original sino que se puede decir que apareció ya en el período temprano de acumulación originaria del capital, pero distintas condiciones históricas (relacionadas especialmente con el acelerado avance tecnológico y la profundización del fenómeno de la denominada globalización del mercado) a la par de necesidades de respuesta a problemas de producción y a los reclamos de los trabajadores en el período de posguerra (especial-mente en la década del sesenta), le permitieron encontrar nuevas formas de instrumentación que fueron desarmando las respuestas ensayadas inicialmente por las asociaciones de trabajadores a nivel mundial.

Señala el uruguayo Ermida Uriarte que la globalización de la economía aleja paulatinamente los resortes íntimos del poder del alcance del gobierno nacional y de toda otra estructura limitada por las fronteras nacionales. Agrega con lucidez que la movilidad del capital y de las comunicaciones ha producido una compresión del espacio-tiempo en tal medida, que bien podría hablarse de un fin de la geografía con bastante más propiedad y menos frivolidad que del pretendido fin de la historia[4].

Luego del fracaso de algunos intentos diferenciados, la común reacción de las organizaciones sindicales en los distintos países ha sido básicamente la de preservar su representatividad entre los sectores que no fueron desplazados a la periferia de los derechos laborales, abandonando de un modo u otro a su suerte a los excluidos de la centralidad del sistema.

Cabe señalar que esta respuesta ha sido también posible por la aceptación de legitimidad por parte importante de los sectores beneficiados, o -mejor dicho- menos perjudicados, es decir de aquellos trabajadores no excluidos.

La contradicción se extendió al interior de los colectivos de trabajadores, y empleados estables de planta se convierten a veces en adversarios de empleados subcontratados a través de tercerizadas, de los supuestamente “trabajadores even-tuales” de las agencias de servicios temporarios o de aquellos con “contratos a plazo fijo”, de los monotributistas, autónomos, pasantes, becarios, etc. –las modalidades adoptadas para la fragmentación son cada vez más numerosas- y todos aquellos a su vez entre sí y con respecto a los “estables”. Y cuando no se consideran adversarios se sienten por los menos sujetos absolutamente ajenos a los problemas sufridos por los otros. Todo ello promovido e incentivado por hábiles políticas patronales.

En lo que hace puntualmente a la Argentina, aunque en mayor o menor medida esto se da en casi todos los países, estas estrategias no han logrado suficiente sustento en las reformas legales obtenidas por los representantes del capital y se han establecido en gran parte en violación abierta a la normativa vigente, por la sola razón de fuerza, en lo que en nuestro régimen jurídico se denomina como fraude laboral, que no es otra cosa que la expresión concreta de la denominada flexibilidad de hecho impuesta por el capital en defensa de sus intereses y en perjuicio de los trabajadores.

La extensión, complejidad y profundidad de ese fraude en las últimas décadas hace que el concepto abandone la tipicidad histórica del fraude individual[5] para constituirse ya abiertamente en fraude de clase, impuesto por una clase social, la que detenta la propiedad del capital, en perjuicio de la clase que vive de su trabajo[6].

Esta estrategia de división le permite al capital abaratar mano de obra, regular los reclamos laborales de unos y otros trabajadores y un fuerte disciplinamiento al interior de los lugares de trabajo.

Y es tan esencial al actual modelo de acumulación que difícilmente la resistencia a la misma pueda resultar realmente eficaz a nivel de un solo país. Y menos aún si esa resistencia no tiene sustento en los propios trabajadores, con un importante grado de conciencia y organización.

3.

En relación a ese último condicionamiento aparece justamente en discusión el papel de las organizaciones sindicales así como de las políticas que se pretenden representativas de los intereses de los trabajadores.

Plantean con lucidez Cifarelli y Martínez que la división del colectivo de trabajo bajo diversas formas contractuales es lo primero que aparece para los propios trabajadores, generando división y enfrentamiento y amplificando la tendencia capitalista a hacer competir a los trabajadores entre sí, lo que hace que uno de los primeros desafíos que enfrenta el movimiento obrero en los lugares de trabajo sea el de construir la unidad, un nosotros que trascienda las formas contractuales y que dé un sentido de pertenencia de clase[7].

Pero el balance hasta ahora ha sido negativo, más allá de reconocer la existencia de valiosas experiencias de resistencia.

De un modo u otro esas estrategias del capital en los diferentes países necesitaron de una deficiente respuesta de las organizaciones sindicales y políticas que en teoría deberían haber organizado el rechazo a la misma.

El sindicalismo a nivel mundial, institucionalizado y burocratizado en su acción[8], y fuertemente condicionado por ideologías socialdemócratas, liberales o populistas, según sus diversas variantes, careció de respuesta eficaz y prefirió resguardar sus estructuras reduciendo su ámbito de representatividad a los sectores no excluidos[9].

Esto se dio en el ámbito de cada país y también en el internacional, donde la acción de las grandes multinacionales encontró apenas sí una mínima resistencia[10].

Se puede afirmar que en la actualidad el movimiento sindical internacional se encuentra en profunda crisis y carente de respuesta, salvo en casos muy puntuales, los que por otra parte configuran apenas sí excepciones relativas y no soluciones de fondo a la ofensiva extendida del capital[11].

4.

En lo que hace puntualmente al sindicalismo argentino, cualquier análisis del mismo debe tomar en cuenta la fuerte política represiva de los sucesivos gobiernos hacia sus corrientes clasistas[12]. La represión hacia los sectores sindicales combativos que forjaron el Cordobazo y otros fuertes actos de resistencia a la dictadura militar de entonces, y la sufrida poco tiempo después por los trabajadores de Villa Constitución, entre otros casos, fueron apenas el preludio del brutal aniquilamiento de miles de activistas sindicales durante el genocidio llevado a cabo por la última dictadura[13].

Este largo proceso de años desarticuló los diferentes intentos de consolidar una corriente clasista importante al interior de un movimiento sindical de fuerte ideología corporativista estatal.

En la década del noventa varias direcciones sindicales viraron abiertamente a posiciones del denominado pensamiento neoliberal, y resultaron cómplices de la fuerte ofensiva precarizadora de los sectores empresarios, en algunos casos al extremo de compartir negocios[14].

Claro que este grado de deterioro no se dio en todas las direcciones sindicales[15], pero sí ha sido general una marcada incapacidad de la mayoría para enfrentar las nuevas estrategias empresarias extendidas en las últimas décadas.

Gran parte de los sindicatos aceptaron las estrategias de fraccionamiento y división impuestas a la clase desde los sectores empresarios y limitaron su accionar de representación sindical a aquellos grupos de trabajadores no excluidos, dejando afuera de toda política defensiva a trabajadores tercerizados, eventuales, y otras tantas variantes de precarización[16].

En este punto, la constitución de la CTA constituyó en sus inicios un intere-sante ensayo de pensar una estrategia de respuesta a estas políticas empresarias, inclusiva de los trabajadores que las mismas excluían[17]. Sus límites y contradicciones parecen haber aparecido en toda su dimensión con la crisis interna del 2010 y la virtual división de la central.

Muchos sindicatos y comisiones gremiales han ensayado respuestas inclu-sivas, algunas de ellas revelándose eficaces en mayor o menor medida, y otras fraca-sando en forma manifiesta.

Los distintos resultados no sólo dependen de la capacidad y conciencia de las direcciones sindicales sino también de cuestiones que hacen a la relación de fuerzas en la coyuntura particular; este último punto tiene mucho que ver con las caracte-rísticas particulares de la actividad o del establecimiento.

Han habido ensayos que primero obtuvieron resultados negativos y luego pudieron consolidar en soluciones positivas y a la inversa[18]. Otros de eficacia general en relación con alguna forma de fragmentación y relativa o nula con relación a otras formas precarizadoras.

En algunos casos estas peleas contaron con el apoyo activo de la estructura sindical, que a veces dirigió y coordinó la táctica, en otros con un apoyo menor o la abstención y en otros tantos con la oposición más o menos encubierta de la misma.

Son unas cuantas las experiencias de respuesta sindical que han conseguido romper con la fragmentación, ya sea mediante la incorporación a planta de los subcontratados o la transformación de los contratos eventuales en permanentes o el reconocimiento de pasantes o monotributistas como empleados dependientes, o por lo menos han condicionado la estrategia empresaria obteniendo de los trabajadores una respuesta común a cualquier ofensiva del empleador hacia alguno de los sectores en particular[19].

En muchos de estos casos la condición previa fue un fuerte trabajo de concientización al interior de la misma base, de ruptura del discurso ideológico empresario asumido a veces por los propios trabajadores.

Esto no ha resultado fácil y hay ejemplos de estrategias de respuesta sindical destinadas a enfrentar la política patronal de fraccionamiento del colectivo laboral que han sufrido total falta de apoyo y hasta fuerte oposición en parte de sus propias ba-ses; en el caso de los trabajadores estables, por el temor de perder sus supuestos privilegios.

Es que la situación de precarización extrema de los trabajadores tercerizados así como de los que son víctima de otras formas de fraude laboral, no sólo no encuentra respuesta adecuada por parte de la mayoría de las organizaciones sindica-les sino que –y esto es más grave- tampoco se advierte un rechazo consistente en la conciencia de los propios trabajadores. Es importante el porcentual de los que no cuestionan estas políticas de fraccionamiento, asumiendo su supuesta legitimidad.

En otras organizaciones –tanto a nivel de sindicato como de cuerpos de delegados- no ha habido siquiera intento de respuesta y –lo que es peor aún- en algunos casos ha sido (y es) manifiesta la complicidad –por acción o por omisión- con estas políticas empresarias.

Así resulta lamentablemente común en algunos establecimientos que cuando trabajadores subcontratados o eventuales o supuestos monotributistas recurren en pedido de auxilio a algún delegado la respuesta de éste sea negativa porque “solo representa a los trabajadores de planta”, o cuando van al sindicato, la respuesta resulte también negativa porque “solo están habilitados para representar a los afiliados”, condición que los precarizados no podrían obtener[20].

5.

Ahora bien, si la falta de respuesta o la ineficacia de la misma, o la aceptación de la estrategia del capital de exclusión de parte del colectivo de trabajadores, es un fenómeno extendido en distinto grado en el sindicalismo tanto a nivel mundial como local, también es cierto que el profundo grado de deterioro y degradación alcanzado por una parte de la dirigencia sindical en nuestro país, con serios fenómenos de corrupción, complicidad directa y abierta con las peores estrategias empresarias y recurrencia periódica a actos de violencia para reprimir a los propios trabajadores supuestamente representados, configuran un fenómeno particular que tampoco se puede omitir.

Es cierto que estos casos han sido y son bien aprovechados por el capital: los mismos medios de prensa de difusión masiva que silencian el autoritarismo y la corrupción empresaria, así como su reiterada y extendida violación de las leyes, no vacilan en reproducir y resaltar entusiastamente las denuncias públicas contra algunos de estos dirigentes de forma de desprestigiar a la totalidad de la acción sindical[21].

Así, en el imaginario colectivo de nuestra sociedad el concepto de sindicalismo solo tiene que ver con estas direcciones corruptas y ninguna relación con el esfuerzo militante de decenas de miles de trabajadores esforzados y dirigentes honestos que sacrifican parte importante de sus vidas en el enfrentamiento a la explotación laboral[22].

Estas direcciones cómplices se han constituido en un muy fuerte obstáculo para cualquier intento de respuesta gremial en sus respectivos ámbitos. Los casos de la UOCRA, el SMATA o de la misma Unión Ferroviaria, son algunos –pero de ninguna manera los únicos- ejemplos de direcciones que no vacilan en recurrir a grupos violentos para reprimir a sus propios trabajadores.

Y si bien cuentan con un fuerte apoyo en estructuras estatales y empresarias, ya se ha señalado que en la cuestión del abandono y rechazo de los tercerizados y otras variantes de trabajadores excluidos han podido contar también con cierto consenso de trabajadores supuestamente estables o incluidos en el limitado marco de protección legal.

6.

Con la brutal ofensiva del capital en las últimas décadas del siglo veinte, así como el sindicalismo mundial ha tendido mayoritariamente a circunscribir su accionar a la defensa de un sector de trabajadores, aceptando la exclusión de otros (tercerizados, a tiempo parcial, eventuales, supuestos autónomos, etc.), los partidos políticos con determinada presencia histórica en la clase trabajadora[23] han respondido –inversamente- extendiendo al máximo su ámbito formal de representación, al punto de no representar auténticamente a ninguno de los supuestos sectores comprendidos[24], lo que en definitiva redunda en beneficio de los grupos hegemónicos que apuestan sus fichas como negocio a todas las fuerzas políticas mayoritarias.

Esta forma de acumulación política no es nueva pero ha adquirido caracte-rísticas específicas y acentuadas en las últimas décadas.

En ese sentido nuestro país no es la excepción y las grandes fuerzas políticas representan a todos los sectores, lo que es lo mismo que no representar a ninguno o –en realidad- gestionar en definitiva los intereses más profundos de los sectores de mayor poder.

En el caso puntual del actual oficialismo, su configuración como proyecto político estuvo –y de algún modo aún está- fuertemente condicionada por la profunda crisis política y social del 2001.

La particularidad de la fuerte explosión social de ese año, expuesta en la recordada consigna “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, de una masividad extraordinaria pero también signada por la ausencia de un proyecto político alternativo desde los trabajadores, marcó de un modo u otro los fuertes aspectos renovadores pero también los claros límites de este gobierno[25]

El kirchnerismo se vio obligado a auto-construirse como expresión política de poder apoyándose en una enorme variedad de sectores, entre ellos también los empresarios y el aparato sindical[26].

En ese sentido se puede decir que no es expresión de la clase trabajadora, pero su mayor y más eficaz respuesta en lo social le ha permitido contar con la adhesión de amplios sectores de la misma, aunque ese apoyo –por cierto condicionado y variable[27]- no le alcanza para enfrentar los intereses de los sectores concentrados del capital en los cuales también debe sustentarse como condición última de gobernabilidad.

7.

En este cuadro de situación, resulta difícil que el gobierno nacional pueda instrumentar una respuesta de fondo sobre la cuestión de los trabajadores tercerizados, o de los precarizados en sus diversas formas.

Es que para enfrentar una estrategia empresaria del capitalismo a nivel mundial, de tal magnitud y profundidad, parece necesaria otra construcción política, asentada monolíticamente en la clase trabajadora, así como una determinada ecua-ción de relaciones de fuerza[28].

Más allá de las imputaciones serias que se le puedan hacer a la política laboral del oficialismo, lo cierto es que en este punto las condiciones objetivas marcan límites precisos: no hay una clase trabajadora movilizada en función de enfrentar estas estrategias empresarias y cualquier respuesta auténtica que se intente afectaría en forma directa los intereses del capital y llevaría al gobierno a un enfrentamiento que no parece en condiciones de llevar a cabo[29].

La ausencia de una construcción alternativa eficaz desde abajo, es decir desde los trabajadores y sus organizaciones, que apoye o presione por una política de fondo más frontal, resulta un condicionante demasiado fuerte[30].

En el caso del conflicto particular de los ferroviarios, el gobierno se vio repentinamente enfrentado a un fuerte reclamo social por el bárbaro asesinato de Mariano Ferreyra y a puntuales protestas de organizaciones sociales y políticas de relativo peso, y a la vez –y en sentido contrario- con las presiones de fuertes sectores sindicales que salieron en defensa de la dirección de la Unión Ferroviaria y de secto-res del capital que advirtieron rápidamente sobre cualquier intento “aventurero e irresponsable” de cambiar las actuales reglas de juego.

Cabe señalar como elemento a tener en cuenta que la movilización de tercerizados en la que fue asesinado Ferreyra fue de muy escasas proporciones en relación a la totalidad de los trabajadores en esa situación en la línea del Roca[31], y que aún con posterioridad a ese hecho no hubo hasta ahora una respuesta masiva de esos trabajadores. La ausencia resulta tan evidente que el debate reflejado en los medios no fue tanto entre ministerio y tercerizados sino entre ministerio y partidos políticos de izquierda que apoyan el reclamo, lo que es un elemento a considerar seriamente en cuanto al insuficiente sustento del mismo en los propios trabajadores afectados.

8.

Desde otro ángulo de visión surgen algunos interrogantes sobre ciertas situaciones complejas que se advierten en éste y en otros conflictos gremiales, en cuanto a las acciones desarrolladas por la militancia política en apoyo de los trabaja-dores, advirtiéndose en algunos casos la tendencia a suplantar la falta de voluntad o de decisión de los mismos para llevar adelante el reclamo.

Cabría preguntarse también si el desafío pasa por centrar el esfuerzo en demostrar a la sociedad que el gobierno no está dispuesto a hacer algo para lo que en realidad no fue votado[32], o en dar con inteligencia la pelea ideológica en la propia clase trabajadora, con propuestas que atiendan a los intereses materiales inmediatos de la misma y a su vez se inserten en planteos políticos que vayan más allá de los límites impuestos por el sistema, que rompan con la lógica del capital, pero desde una base real y no desde un cuestionamiento militante excesivamente abstracto y simplificado.

Cierto es que cualquier respuesta para ser realmente eficaz necesariamente debe superar los límites de la institucionalidad impuesta desde el poder y romper con la trampa de total separación y autonomización de los planos de acción económica sindical y acción política parlamentaria por los partidos políticos[33].

En ese punto los partidos de izquierda en la Argentina suelen hacer un planteo esencialmente correcto, superador del pensamiento sindical corporativo.

Pero ello no puede llevar a confundir la existencia de los dos ámbitos en cuanto a objetivos inmediatos, estrategias y tácticas[34], y en todo caso parece urgente repen- sar profundamente el papel de los partidos políticos en los conflictos sociales en el siglo veintiuno[35], y especialmente en la lucha gremial.

Teniendo en cuenta la experiencia de las últimas décadas, un punto esencial a discutir es alrededor de la titularidad de las decisiones en cada conflicto[36]: desde el porcentual del aumento salarial reclamado hasta la forma del reclamo, la profundidad y dureza de las medidas, el punto de levantamiento y negociación, es decir todo aquello que hace a los objetivos planteados, al cálculo de oportunidad y a la medición de las fuerzas en juego.

Otra cuestión importante guarda relación con la finalidad del conflicto. Pare-ciera a veces que el mismo no debiera pasar por obtener lo más posible con el menor riesgo posible[37], aportando a su vez a cada triunfo el concepto político de los límites de lo obtenido dentro de los mecanismos metabólicos del sistema[38], sino por el desarrollo de un enfrentamiento que obtenga la mayor repercusión mediática posible aún a costa de una derrota, de modo de poder acusar al gobierno y al capitalista de turno de crueldad e injusticia[39].

Todo ello tiene que ver con un necesario replanteo de la práctica sindical, qué papel cumple, quiénes son sus protagonistas principales[40], cuál su importancia y cuáles sus límites, y cómo se vincula con otras cuestiones que hacen a un cuestiona- miento más global del sistema social en sí, donde también se insertan los reclamos por libertades democráticas, derechos humanos, cuestiones de género, los derechos de los grupos minoritarios y otras luchas sociales no específicamente sindicales[41].

9.

En el contexto señalado en los puntos anteriores, los límites para cualquier respuesta que pueda intentar el kirchnerismo parecen evidentes.

Se comprometió al impulso y la no obstaculización de la investigación judicial[42], estructuró a través del Ministerio de Trabajo los acuerdos para la incorporación a planta de estos tercerizados, e impulsó una reforma del art. 30 de la ley de contrato de trabajo a través de un proyecto de ley que incorporó a su texto los aportes de los diputados Piumato, Recalde y otros diputados de distintos bloques.

Cabe señalar sin embargo que este proyecto legislativo también parece constituir más una rápida respuesta pública casi mediática a lo ocurrido en el conflicto ferroviario que un intento normativo serio.

Es que una lectura del mismo permite apreciar que se ha redactado un texto innecesariamente largo y reiterativo, a la vez que confuso y contradictorio. Parece la mezcla de soluciones distintas al problema y de cláusulas normativas ya existentes y probadamente ineficaces.

Con esos límites, el mismo significa un cierto pero muy limitado avance respecto del texto actual del art. 30, producto de la reforma de la original ley 20.744 por la regla estatal 21.297 del gobierno militar, y de la posterior reforma efectuada en la etapa también precarizadora de los años noventa.

Pero si se quiere arribar a una norma que por lo menos permita enfrentar con mayor contundencia algunos aspectos del fenómeno de tercerización, parece que debería mejorarse el texto, hacerlo más claro y preciso, y fundamentalmente más eficaz, ya que en el proyecto actual el aporte en ese sentido es muy limitado.

10.

Cualquier reforma legislativa en la dirección ensayada constituye apenas sí un aporte menor en la respuesta necesaria pero podría resultar de importancia –con un texto más adecuado y coherente- en relación a muchos conflictos individuales, y en definitiva sumar al enfrentamiento de fondo.

Reivindicaciones como la de igual remuneración e iguales condiciones de trabajo por igual tarea, inclusión en convenios y otras tantas que han sido levantadas por trabajadores en distintos conflictos, deberían ser analizadas como parte de una estrategia de implementación de soluciones parciales pero no por ello sin importancia.

También cabría plantearse el interrogante sobre la posibilidad de una respuesta más auténtica y eficaz en el limitado –pero importante- ámbito de los trabajadores estatales, donde sí parece haber un reclamo extendido en amplios sectores organizados de los mismos, el que sin resultar masivo parece ser mucho más amplio que en los trabajadores de la actividad privada.

En ese sentido podría presionarse por un proyecto de ley que avance hacia la prohibición o condicionamiento a fondo de la tercerización en el ámbito estatal, salvo en los casos en que se justifique objetivamente por necesidades técnicas.

E incluso hacia la extensión de esa limitación a todas las empresas concesionarias de servicios públicos, las que deberían garantizar la provisión de su actividad con planta laboral propia[43].

En lo que hace al Ministerio de Trabajo parece indudable que se podría y debería reclamar un cambio profundo en su política de control que a su vez se apoye en una interpretación radicalmente diferente de la norma, que permita constatar los casos de fraude laboral masivo[44], como el de las agencias de servicios temporarios y falsas cooperativas e imponer las sanciones correspondientes.

Cierto que esto también resulta una respuesta que enfrentaría fuertes presio-nes desde los sectores empresarios, pero parece más factible reclamarle al gobierno la adopción de medidas en esa dirección y aportar con propuestas concretas en el mismo sentido, que permitan generar un debate serio sobre las relaciones laborales, lo que no dejaría de resultar un factor de acumulación en el conflicto de fondo.

11.

En todo caso, cualquier avance real en dirección a una solución auténticamente integral, que pueda resultar superadora de respuestas parciales y por ello necesaria-mente limitadas, deberá ser producto de un proceso que evolucione hacia otra realidad política y sindical, ya sea por una presencia más fuerte y determinante de los trabajadores en la fuerza gobernante y una recuperación del control de sus organiza-ciones gremiales, ya por una nueva construcción política de clase y un nuevo modelo de organización y acción sindical.

Esto lo decidirán los propios trabajadores, pero mientras no se avance en conciencia y organización que permita superar el evidente aislamiento en las actuales experiencias de resistencia e inclusión, cualquier otra respuesta dista de constituirse en una alternativa viable.

No se trata de caer en interpretaciones posibilistas que solo admitan un accionar adecuado estrictamente al orden impuesto por la actual relación de fuerzas entre las clases.

Pero cabe preguntarse si no es posible ir más allá de la reiterada protesta generalizada y sustentada en denuncias y consignas que no parecen ser realmente incorporadas como propias por los trabajadores, y plantear seriamente alternativas concretas que no ignoren la coyuntura mundial y la actual relación de fuerzas en el ámbito nacional[45], y a la vez que enfrenten con inteligencia la lógica del capital, desca-lificando los argumentos y acciones que han servido para fraccionar al máximo las condiciones laborales y debilitar a la clase, avanzando hacia la construcción de un nosotros que permita dar la pelea en otro espacio y con otras posibilidades.

Guillermo Pérez Crespo

enero de 2011

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[1] También aparece en la actuación judicial la complicidad activa de fuerzas policiales, tanto en la facilitación del ataque como en el encubrimiento de los responsables.

[2] Señala Ricardo Cornaglia en La tercerización en la relación laboral, que los vocablos tercerización y subcontratación en realidad expresan la complejidad organizativa de la empresa –es decir desde el punto de vista de los que contratan-, y que para los trabajadores el término sería intermediación, en cuanto refiere a alguien –contratista- que intermedia entre ellos y la empresa que es la real empleadora y usuaria de la fuerza de trabajo.

[3] Claro que en cualquier momento trabajadores estables o incluidos puede pasar al grupo de los precarizados o excluidos y a la inversa. La inestabilidad de fondo es también esencial en esta práctica.

[4] Oscar Ermida Uriarte, Globalización y relaciones laborales. En realidad esta “supresión de la geografía” ha sido usufructuada por el capital, no por las organizaciones de trabajadores, cuyas dificultades son evidentes en el intento de recuperar siquiera parcialmente y “actualizado” el viejo concepto de internacionalismo que algunos creían sepultado definitivamente en el arcón de las cosas inútiles, superadas por la modernidad.

[5] En época de mayor extensión del modelo denominado Estado de Bienestar constituía más una válvula de escape para el pequeño empresario que no podía competir en condiciones de igualdad en el mercado, teniendo habitualmente tal carácter de masividad solo en el trabajo agrario y en determinadas activida-des.

[6] Este punto en particular lo desarrollé en el trabajo Breves apuntes sobre el fraude laboral como fraude de clase, presentado en las Primeras Jornadas Rioplatenses de Derecho Laboral, organizadas por la AAL, en Colonia (Uruguay), noviembre de 1998.

[7] Viviana Cifarelli y Oscar Martínez, Clase obrera y movimiento obrero en Argentina, situación y desafíos. Revista Theomai 1° semestre de 2009.

[8] Por supuesto que no en todos los países es igual, pero basta ver caso por caso para apreciar un fenómeno de extrañamiento de las organizaciones sindicales respecto de los propios trabajadores que constituyen las bases de las mismas. El proceso de integración de los sindicatos al sistema social ha sido paralelo al abandono de las posiciones que impugnan al mismo como tal y en un paulatino alejamiento entre dirigentes y trabajadores.

[9] Cabe aclarar que en algunos países el capital debió arrasar con el movimiento sindical para imponer su estrategia, como fue el caso del Japón de la posguerra, del gobierno conservador inglés a mediados de los ochenta respecto de los sindicatos de mineros o de portuarios, o de la brutal represión articulada por las dictaduras latinoamericanas sobre organizaciones sindicales clasistas en los años sesenta y setenta.

[10] La condición de estrategia mundial del capital exige como contraparte la articulación de una respuesta a nivel mundial, pero la burocratización señalada se evidencia aún más en las organizaciones internaciona- les.

[11] Las dificultades de las organizaciones sindicales para plantear algún tipo de resistencia eficaz al brutal ajuste impuesto por los sectores concentrados del capital en la reciente crisis europea, y la virtual inexistencia de una política de conjunto ante las medidas resueltas a nivel comunitario, resultan paradigmáticas.

[12] Claro que no en todas las etapas con las mismas características.

[13] Que entre otras cuestiones le permitió barrer con la organización de las Coordinadoras del Gran Buenos Aires y con varias seccionales combativas al interior de grandes sindicatos. Por supuesto que la represión no se limitó al clasismo sindical sino que golpeó a todos –o a casi todos- los sectores de militancia gremial.

[14] Es el caso de la dirección nacional de la Unión Ferroviaria, pero también de los directivos de varios sindicatos de gran peso, varios de ellos empleadores de sus propios representados.

[15] Tanto en la etapa de la dictadura en los setenta como en el período de ajuste de los noventa hubo importantes acciones de resistencia de parte de un cierto número de sindicatos, que luego fue intencionalmente silenciada en los medios de prensa y en muchos análisis políticos, ya sea en la reapertura democrática del 83 como en ocasión del derrumbe del 2001, plantándose hábilmente una imagen retrospectiva de resistencia protagónica y casi exclusiva por los sectores medios.

[16] En el discurso de muchos dirigentes sindicales se toma como válida la conducta fraudulenta de la patronal y se renuncia a la representación de aquellos que el empleador dice que no son trabajadores.

[17] Se puede discutir, y coincidir o no, con la soluciones intentadas en el espacio de esta central –afiliación directa incluso de aquellos trabajadores desocupados, inclusión de movimientos sociales, etc.- pero es evidente que constituyó un intento serio de pensar en forma diferente el actual desafío que se le presenta a las organizaciones sindicales.

[18] Un caso emblemático fueron los conflictos de operadores telefónicos algunos años atrás, donde se sucedieron derrotas y triunfos en forma sucesiva y casi caótica (la seria derrota y la posterior victoria de los operadores de Telefónica, y en sentido casi inverso el caso de los operadores de Atento, en el medio de otros tantos conflictos de repercusión algo menor y con resultados no siempre tan determinantes).

[19] Un estudio analítico de distintos casos se puede ver en: Julia Soul y Oscar Martínez, La lucha del movimiento obrero contra las estrategias empresarias de división y precarización de los trabajadores. En el mismo se analizan los conflictos de pasantes telefónicos (Foetra Capital), los trabajadores del transporte subterráneo (Bs As), los metalúrgicos de Tenaris Siat (UOM Avellaneda), los estatales de ATE seccionales Gran Buenos Aires Sur, Lomas, Almirante Brown y Presidente Perón, trabajadores de call center, empleados de comercio de Rosario, judiciales nacionales y de la federación, trabajadores de la industria frigorífica de la carne (comisión gremial interna de Quickfood), Simeca (sindicato independiente de mensajeros y cadetes), Jóvenes Científicos Precarizados, Unión de Trabajadores Costureros, y otros, en un interesante trabajo de reflexión sobre las dificultades, errores y aciertos en las distintas respuestas ensayadas.

[20] Que –ya se señaló- en realidad no obtienen por la aceptación por parte de la propia organización sindical del juego divisionista del empleador.

[21] Estos medios limitan habitualmente su denuncia a lo superficial del fenómeno, ocultando a su vez que estos dirigentes han sido corrompidos por empresarios cuyo papel queda en la sombra, y que por cada dirigente o delegado corrupto hay cientos de ellos honestos, que hacen lo posible y lo imposible en la defensa de los derechos laborales, muchas veces en condiciones absolutamente desventajosas.

[22] En esto también hay responsabilidad de quienes agotan su crítica en la corrupción de la dirigencia sindical, sin advertir que el problema es mucho más profundo y que se quedan en la superficie del mismo, haciendo el juego involuntariamente a los intereses empresarios que necesitan de dirigentes desprestigiados y débiles ante el patrón pero fuertes hacia sus propias bases.

[23] Me refiero a la socialdemocracia europea, a los denominados “movimientos populares” en América Latina, al demócrata en EEUU, etc., en una generalización que no pretende por supuesto ignorar las evidentes diferencias en cada una de estas fuerzas políticas.

[24] Señala Claus Offe en Contradicciones en el Estado del Bienestar, analizando a la socialdemocracia europea (pero que resulta hasta cierto punto aplicable a nuestra región), que las razones de que los partidos políticos atraigan y absorban cada vez menos las energías políticas de la gente son numerosas, siendo una de ellas la diseminación de la estrategia del partido cuya meta es conseguir votos en cualquier zona, negando cualquier base clasista para su programa y política, resultando en un alto nivel de faccionalismo y tendencias centrífugas que conduce a una pérdida de identidad y a la impresión entre los votantes de que las diferencias existentes dentro de los partidos superan a las existentes entre partidos.

[25] Más allá de diferencias menores, de estilo y de construcción, tomo como unidad las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, por ser mucho más evidente el hilo conductor entre ambas.

[26] Me refiero a las conducciones burocráticas de los sindicatos más poderosos, las que al margen de las contradicciones que presentan entre sí actúan claramente como factor de poder al interior de la institucio-nalidad.

[27] En las elecciones del año 2009 los votos trabajadores a De Narváez, el candidato de la derecha más reaccionaria en el territorio de la provincia de Buenos Aires, golpeando fuertemente al oficialismo, constituyen un claro ejemplo de la volatilidad de este apoyo.

[28] Tampoco un fuerte gobierno clasista podría garantizar fácilmente una respuesta integral a esta estrategia del capital, por los condicionantes propios de la mutua dependencia económica internacional. En todo caso quizás podría avanzar más profunda y auténticamente en una confrontación siempre difícil y de mediano o largo plazo, no exenta de serias dificultades en la actual coyuntura mundial.

[29] Más allá de que exista o no intención en ello; lo que se intenta plantear aquí es en relación a las condiciones objetivas no a la subjetividad o intencionalidad política del actual gobierno.

[30] Más difícil aún teniendo en cuenta la incapacidad manifestada hasta ahora de articulación real y auténtica de una construcción política desde la clase (ya sea como variante de apoyo crítico realmente condicionante y no decorativo, ya como presión opositora eficaz claramente diferenciada del espacio de derecha), la que no ha podido superar una realidad no solo de extremo fraccionamiento sino también de carencia hasta ahora de proyecto con arraigo en los trabajadores.

[31] Los tercerizados que participaron fueron muy pocos, siendo mayor el grupo de apoyo integrado por militantes de organizaciones sociales y políticas; ello de por sí no invalida en modo alguno la legitimidad del reclamo, pero no deja de ser una señal de debilidad a tener en cuenta.

[32] Si bien los partidos mayoritarios suelen recurrir a un discurso ambiguo en casi todos los temas de importancia social, también lo es que en sus planteos electorales no aparece ninguna reivindicación contra las estrategias de fraccionamiento y exclusión de amplios sectores trabajadores. En todo caso sí es imputable la falta de control de todo aquello que resulte en violación de la ley vigente, pero estos puntos pocas veces son planteados con claridad, lo que por otra parte obviamente no resulta fácil atento el éxito obtenido por el capital de hacer del derecho algo intencionalmente complejo y cerrado al entendimiento del común de la gente. Cualquier superación de la mera denuncia de incumplimiento normativo o de fenómenos de corrupción necesita de otra tipo de planteo que más pasa por la propuesta de algo diferenciado que pueda ser recogido como valioso por los propios trabajadores.

[33] Plantea correctamente Ricardo Antunes en Socialismo y mundo del trabajo en América Latina, que la lucha contra el capital debe articular la lucha social y la lucha política en un complejo indisociable. Es que de otra manera la acción sindical necesariamente termina encerrada en los límites del sistema e institucionalizada por el mismo en función de sus necesidades propias. La historia del movimiento sindical internacional suministra demasiados ejemplos en tal sentido.

[34] Lo que por otra parte llega necesariamente a cuestionar el concepto internalizado por muchos militantes acerca del trabajador como un sujeto necesaria y automáticamente revolucionario.

[35] Un tema singularmente polémico tiene que ver con el concepto de acumulación política a través del crecimiento de la propia organización no como consecuencia de la acumulación de clase sino aún a costa de la misma. Y su consecuencia necesaria en la intensa pelea de facciones en una suerte de canibalismo dañino al interior de la izquierda; esto sucedió también al interior de la lucha de los tercerizados del ferrocarril Roca, lo que terminó debilitando la misma. Si toda lucha social que afecta intereses poderosos conlleva siempre un riesgo, también es cierto que la falta de unidad en la acción potencia ese riesgo en forma innecesaria.

[36]Si los trabajadores involucrados –lo que incluye obviamente a aquellos que además son militantes- o las organizaciones políticas que apoyan. Éste también ha sido históricamente un tema difícil y polémico, que admite muchas interpretaciones, pero su importancia se agudiza cuando hay menor inserción de las direcciones de izquierda al interior de la clase trabajadora.

[37] Curiosamente algunos militantes, cuyo aporte suele ser muy valioso en otros aspectos, plantean la preocupación por la posibilidad de despidos como una desviación reformista, como si a la par de la –legítima en sí- preocupación por cada compañero como individuo, cualquier derrota con sus secuelas de desmoralización, desocupación y posterior dificultad en obtener empleo de tantos trabajadores con conciencia no redundara en perjuicio de la lucha social en general.

[38] Lo que permitiría avanzar a la vez en acumulación de poder y grado de conciencia en la clase, elementos que hacen en definitiva y en forma esencial a la lucha política.

[39] Es cierto que han existido etapas y situaciones históricas a nivel mundial en que determinadas derrotas han acumulado en posteriores victorias políticas, pero en todo caso cabría interrogarse si estamos en una coyuntura de esas características. Creo importante aclarar que no cabe generalizar y lo afirmado se limita a algunas y no a todas las acciones promovidas o apoyadas desde organizaciones de izquierda, y a la vez es aplicable a otras fuerzas y militantes que no integran propiamente la izquierda orgánica. Vale la aclaración como elemento necesario de diferenciación respecto de algunos análisis muy críticos que se han extendido y puesto de moda y que en realidad no contemplan correctamente, a mi entender, la complejidad del fenómeno.

[40] Resulta por lo menos discutible la interpretación excesivamente lineal que se hace en algunos conflictos sobre el valor de las decisiones expresadas en asamblea o en votación plebiscitaria, al punto de denunciar al plebiscito en todos los casos como mecanismo antidemocrático. En relación con esa discusión es también importante el análisis de las relaciones entre los trabajadores más comprometidos y el grueso del colectivo de trabajo en un establecimiento, cuestión sumamente compleja que admite diversas lecturas.

[41] En la misma línea de razonamiento, y ello ya excede claramente el propósito de este trabajo, cabría plantearse la ardua cuestión del sujeto histórico del cambio social y la función de las organizaciones políticas que se construyen desde los trabajadores o por lo menos supuestamente desde los intereses de los mismos, que no es igual.

[42] Si bien entiendo el temor por la posibilidad de libertad provisoria de algunos de los asesinos de Mariano Ferreyra, resultan preocupantes los argumentos desarrollados en Prensa Obrera del 23 de diciembre de 2010 impugnando conceptos y teóricos del denominado garantismo penal. En todo caso creo que hay otras razones de peso –dentro del mismo encuadre de la doctrina denominada garantista- para impugnar tal posibilidad.

[43] Hay ejemplos de concesionarios que en realidad aportan poco y nada de organización empresaria propia, subcontratando gran parte del servicio realizado.

[44] La organización que nuclea a estas agencias informa una cantidad de cien mil trabajadores eventuales contratados por medianas y grandes empresas a través de las mismas. Cualquier mínimo control per-mitiría constatar que más del noventa por ciento no son en realidad eventuales y que existe un fraude laboral de proporciones escandalosas. El art. 26 del decreto 1694/06 establece que el Ministerio de Trabajo deberá constituir un Observatorio de Buenas Prácticas en materia de servicios eventuales, con el objeto de evaluar las condiciones generales y particulares en que se desarrolla la actividad para una mejor aplicación de la norma. Ese Observatorio no ha sido jamás constituido. El art. 9 del decreto 1694 determina que bimestralmente las empresas de servicios eventuales deberán proveer al Ministerio de Trabajo un resumen de su actividad, en el que constará el detalle de la nómina completa de los trabajadores contratados para prestar servicios por la modalidad de contrato de trabajo eventual, informando –entre otros datos- la fecha en que el trabajador comenzó su prestación de servicios en la empresa usuaria. Esto tampoco es cumplido. En el caso de las falsas cooperativas basta recordar como ejemplo negativo la política del ministerio en los conflictos de las fraudulentas cooperativas pesqueras de Mar del Plata.

[45] Lo que no significa supeditarse a las mismas, sino tenerlas en consideración en la definición de los objetivos y de las acciones a emprender hacia la consecución de los mismos.